Arrinconados por las áreas protegidas

​

Por cientos de años, pueblos indígenas y comunidades locales han conservado sus tierras y bosques. Pero el incremento de una conservación de la naturaleza “a través de fortalezas” los está expulsando de donde viven, en detrimento de la gente y de los bosques por igual.

​

Declaración de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
 

La pérdida de bosques tropicales está en su nivel más alto, como nunca antes se ha visto, llevando a extremos la crisis climática global. El resultado es un aumento del nivel de los mares, amenazas a la seguridad alimentaria mundial y conflictos en todo el mundo. Junto con la violencia contra la tierra crece la violencia contra las personas que la defienden. El año pasado, Global Witness contabilizó 197 asesinatos de personas que defendían el ambiente y los derechos territoriales. Y cada año, alrededor de un 40 por ciento de estos muertos son personas indígenas.

​

Las iniciativas implementadas para proteger bosques pueden terminar perjudicando a los mismos guardianes de esos bosques. Esta investigación revela que en las áreas protegidas del mundo los Pueblos Indígenas enfrentan abusos fuertes a sus derechos humanos, siendo esta situación parte del preocupante repunte de la criminalización y aun de los asesinatos extrajudiciales, que yo he observado en mi función de Relatora Especial.

​

Cuando bulldozers o guardaparques fuerzan a los Pueblos Indígenas a abandonar sus hogares, no solo estamos ante una crisis de derechos humanos: esto va en perjuicio de toda la humanidad. Estos pueblos han administrado y protegido durante mucho tiempo los bosques del mundo, bosques que representan un baluarte crucial contra el cambio climático.

​

En comparación, la tasa de deforestación en tierras comunitarias e indígenas es menos de la mitad de la que se presenta en tierras con un régimen de propiedad distinto. Donde los derechos comunitarios a la tierra son legalmente reconocidos, la diferencia es aún mayor. En todo el mundo las tierras de propiedad comunitaria contienen al menos una cuarta parte del carbono superficial de los bosques tropicales, lo que equivale a cuatro veces las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero al 2014 ─ probablemente equivale a mucho más de esa proporción.

​

Esta investigación también muestra que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales están invirtiendo sustancialmente en la conservación de sus bosques ─ hasta $ 1.71 billones de dólares, en el mundo en desarrollo. Y con solo una fracción del presupuesto asignado a las áreas protegidas, ellos están logrando resultados de conservación al menos iguales, demostrando que la inversión en los propios Pueblos Indígenas es el medio más eficiente para la conservación.

​

Aunque los Pueblos Indígenas y las comunidades locales poseen como regla más del 50 por ciento de la tierra del mundo, solo tienen derechos legales asegurados sobre el 10 por ciento de esta.

​

Los líderes mundiales tienen una poderosa solución sobre la mesa para salvar los bosques y proteger al planeta: reconocer y apoyar a los Pueblos Indígenas. Por generaciones los Pueblos Indígenas nos hemos mantenido como una solución probada al cambio climático. Reconózcanse nuestros derechos y podremos continuar así por las generaciones venideras.

​

Victoria Tauli-Corpuz
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
 

​

Sinopsis

​

La República de Panamá alberga cinco territorios indígenas semiautónomos (comarcas) así como diversas áreas protegidas, incluyendo el afamado Parque Nacional Darién. Sin embargo, el gobierno aún no ha reconocido una serie de tierras consuetudinarias de los pueblos Bri Bri, Emberá, Guna, Naso y Wounaan, por estar ubicadas dentro o en proximidad a áreas protegidas. Debido a estos traslapes, desde hace más de dos años el Ministerio de Ambiente ha suspendido las titulaciones, dando lugar a que más de dos tercios de los reclamos actuales de territorios indígenas estén pendientes y sin resolver. La situación se ha convertido en un cuello de botella para el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas en el país. Este estudio de caso se enfoca en el traslape entre tierras indígenas y áreas protegidas en el Darién, particularmente en el Parque Nacional Darién.

​

​

Antecedentes

​

Alrededor del 60 por ciento de la cubierta forestal remanente de Panamá se ubica dentro de tierras indígenas, principalmente en el Darién, región con cobertura forestal en más del 70 por ciento de su superficie. Como en otras áreas, esto demuestra la efectividad de la presencia de Pueblos Indígenas en la protección de los bosques. A nivel nacional, el 56 por ciento de todas las tierras establecidas como parques nacionales y reservas se superponen con territorios indígenas, legalmente titulados o no.[1] Para las comarcas esto ha resultado en restricciones e incluso conflictos, a pesar de la falta de personal y recursos de los parques y reservas y a los planes de manejo ya acordados, en particular relacionados a silvicultura comunitaria.[2] Para los indígenas que aún están en espera de titulación para sus tierras, la situación ha llevado al aumento de invasiones, deforestación y violencia.

​

La Ley General del Ambiente de Panamá de 1998, que creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas[3], fue revisada en marzo del 2015 con miras a formalizar el Ministerio de Ambiente.[4] La ley revisada restableció ciertos artículos que habían sido eliminados en el 2003, incluidos algunos que permiten la gestión conjunta de las áreas protegidas.[5] Sin embargo, no se restablecieron las disposiciones que garantizaban el consentimiento de los Pueblos Indígenas en la creación y gestión de áreas protegidas. La Ley No. 80/2009 regula la titulación en tierras costeras.[6]

 

El Decreto Ejecutivo No. 59, aprobado el 2016, permite y regula la cogestión en el sistema de áreas protegidas.[7] Pero, el decreto se hizo sin una adecuada consulta al movimiento indígena y se enfoca más en la cogestión con entidades externas como organizaciones no gubernamentales y empresas, que con las comunidades indígenas.

El Bosque Protector Alto Darién fue establecido en 1972 como un área de conservación estricta.[8] Fue expandido y reclasificado como Parque Nacional Darién en 1980[9], y reconocido como Reserva de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 1981. Con aproximadamente 575,000 ha, el parque es el área protegida más grande del Darién. El Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables fue el administrador original; hoy el parque es administrado por el Ministerio de Ambiente. Desde sus inicios, el parque ha recibido apoyo financiero y técnico de organizaciones nacionales e internacionales como The Nature Conservancy, World Wildlife Fund (WWF), Fundación Natura y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON).

​

Según la UNESCO:

​

"La propiedad es también cultural y étnicamente diversa, como lo demuestran los principales hallazgos arqueológicos, así como [la presencia de] los afrodescendientes y los pueblos indígenas Emberá, Wounaan, Kuna y otros que viven en la propiedad hasta el día de hoy. El Parque Nacional Darién fue pionero al incluir explícitamente una dimensión cultural en la gestión y conservación de un área protegida". [10]

 

Es más, "el Parque Nacional Darién es propiedad estatal con tenencia consuetudinaria de los habitantes indígenas aceptados en una parte de la propiedad".[11]

 

 

Tierras indígenas

 

La Constitución de Panamá garantiza la tenencia indígena colectiva de la tierra. El artículo 127 establece: "El Estado garantizará la reserva de tierras necesarias para las comunidades indígenas y sus propiedades colectivas a fin de lograr su bienestar social y económico. La Ley regulará los procedimientos que se deben tomar para lograr este objetivo, y la correspondiente delimitación [de tierras], en la cual la apropiación privada de tierras está prohibida ".[12]

 

Panamá tiene un largo historial de reconocimiento a tierras y territorios indígenas, el cual tiene sus inicios en la Revolución Guna de 1925 y en la creación de la primera comarca indígena en 1938. Otras cuatro comarcas han sido reconocidas: la Emberá Wounaan, de 1983; Madugandi, en 1996; Ngäbe Bugle, en 1997; y Wargandi, el 2000. Sin embargo, fuera de estas cinco comarcas, las demás tierras indígenas de Panamá permanecieron sin ninguna forma de protección legal hasta 2008, cuando gracias a la presión del movimiento indígena, se aprobó la Ley No. 72.[13] Esta ley permite el reconocimiento de “tierras colectivas” fuera de las comarcas. El decreto reglamentario (Decreto Ejecutivo No. 223), aprobada el 2010[14], establece los pasos necesarios para la titulación de estas tierras por medio de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI). Mas sin embargo, a pesar de la nueva ley y su reglamentación, el gobierno ha actuado con lentitud y solo cinco tierras colectivas han sido tituladas desde el 2010: Puerto Lara y Caña Blanca (2012); Piriati (2014); Ipeti (2015, gracias a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)[15]; y Arimae (2015). Otros 24 reclamos de titulación colectiva permanecen en espera sin haber podido lograr su reconocimiento. La mayoría de ellos son del Darién y tienen algún tipo de traslape con áreas protegidas.

​

Según el Artículo 13 de la Ley 72, el rol del Ministerio de Ambiente en el proceso de titulación colectiva es: "coordinar estrategias y acciones para ejecutar planes de uso sostenible para el uso de los recursos naturales y el desarrollo comunitario, con las autoridades tradicionales de cada comunidad, si las tierras solicitadas fueran parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas".[16]

 

El Artículo 5 del Decreto Ejecutivo 223/2010 describe el proceso de titulación en más detalle. Respecto a las áreas protegidas establece que: "en los casos en que el mapa [de una tierra colectiva] incluya áreas correspondientes a áreas protegidas, antes de su aprobación, será enviado a la Autoridad Nacional del Ambiente para su no objeción (visto bueno)".[17]

​

El 2016, Panamá aprobó una ley de consulta, la Ley No. 37/2016, que estipula el consentimiento libre, previo e informado para cualquier medida legislativa o administrativa que afecte los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, incluyendo tierras, territorios, recursos, formas de vida y cultura.[18] La ley entró en vigencia el 30 de junio de 2017.

​

​

Situación actual